León, Guanajuato, 17 de diciembre de 2025.- Francisco Javier Trejo abogado litigante fue baleado al salir de la Notaría Pública 102 de la colonia Lomas del Campestre de esta ciudad. los hechos ocurrieron frente a testigos que presenciaron el ataque armado.
La agresión ocurrió a las 12:00 horas de la tarde en Blvd. Campestre casi esquina con Lopez Sanabria, cuando el Abogado se acercaba a su vehículo y fue interceptado por los agresores.
El abogado que resultó herido levemente en la mano derecha, ya había recibido amenazas por un litigio que lleva sobre bienes inmuebles de acuerdo a información proporcionada por familiares.
La víctima fue trasladada a un hospital en vehículo particular, donde recibe atención médica quien se reporta estable.
Ejercer el Derecho Hoy: Una Profesión entre Balas y Expedientes
La abogacía en México, y particularmente en estados como Guanajuato, atraviesa uno de sus momentos más complejos y peligrosos. Lo que históricamente fue una profesión asociada al estudio, la argumentación y la defensa legal, hoy se ejerce en un contexto de creciente inseguridad que ha cobrado un precio alarmante: la vida y la integridad de abogados y abogadas litigantes.
En los últimos años, los ataques armados contra profesionales del Derecho han dejado claro que portar una cédula profesional ya no es garantía de respeto ni de protección. Litigar asuntos penales, familiares, civiles o incluso administrativos puede convertirse en un riesgo latente cuando los intereses en juego trascienden los tribunales y se mezclan con la violencia, la impunidad y el crimen organizado.
Guanajuato no es un caso aislado. En diversas regiones del país, abogados han sido amenazados, perseguidos y atacados por cumplir con su trabajo: representar a un cliente, defender un derecho o exigir que la ley se aplique. La línea entre el ejercicio profesional y el peligro personal se ha vuelto cada vez más delgada. Hoy, muchos litigantes salen de casa sin la certeza de regresar, revisan constantemente su entorno y miden cada palabra, cada paso, cada caso que aceptan.
Esta realidad no solo vulnera a quienes ejercen la profesión, sino que pone en jaque al Estado de Derecho. Cuando un abogado trabaja con miedo, cuando una abogada es silenciada por amenazas o violencia, no solo se ataca a una persona: se debilita el acceso a la justicia, se intimida a la defensa legal y se envía un mensaje peligroso de que la ley puede imponerse a balazos.
La normalización de esta violencia es quizá el mayor riesgo. No puede ni debe aceptarse que ejercer la abogacía implique jugarse la vida. Es urgente que las autoridades reconozcan la gravedad del problema, garanticen condiciones mínimas de seguridad y rompan el ciclo de impunidad que rodea estos ataques.
Defender la vida y la seguridad de abogados y abogadas no es un privilegio gremial; es una condición indispensable para que la justicia exista. Porque en un país donde defender la ley cuesta la vida, la ley deja de proteger a todos y todas.