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Guanajuato, 14 de noviembre de 2025. — En un estado donde la violencia de género se denuncia a cuentagotas y donde muchas mujeres temen acudir a la Fiscalía, la mandataria estatal, Libia Denisse García Muñoz Ledo, ha dado una clase magistral —aunque involuntaria— sobre cómo no funcionan las cosas cuando se trata de proteger a una mujer… incluso si esa mujer es la gobernadora.
Todo comenzó con el ya famoso episodio del Padre Pistolas, el sacerdote que, con su estilo “evangélicamente agresivo”, decidió utilizar el púlpito para lanzar una amenaza pública contra la gobernadora por el proyecto del acueducto Solís–León.
Nada de mensajes de amor, paz o reconciliación:
el cura declaró que, si la obra seguía adelante, él “mismo se encargaría de detenerla”, frase digna de villano de telenovela, no de hombre de sotana.
La respuesta de la gobernadora: política zen o resignación institucional
Mientras muchos esperaban una denuncia formal, un mensaje contundente contra la violencia hacia las mujeres o al menos una línea de acción clara, la mandataria sorprendió con una respuesta minimalista y casi espiritual:
“No voy a perder mi tiempo.”
Y con esa frase, evitó denunciar.
Ni Fiscalía, ni carpeta de investigación, ni precedente legal.
Solo un dedo índice señalando al silencio… y un mensaje que quedó rebotando entre quienes trabajan por los derechos de las mujeres:
¿Si la gobernadora no denuncia una amenaza pública, qué esperanza tiene una mujer común?
Pero llegó el acto de contrición: la disculpa del Padre Pistolas
Días después, quizá movido por el Espíritu Santo, la presión mediática o la incomodidad política, el sacerdote ofreció una disculpa pública.
Según él, no quiso amenazar (solo se escuchó como amenaza), no quiso amedrentar (solo usó palabras de amedrentamiento), y no quiso generar polémica (aunque generó un escándalo nacional).
“Disculpa aceptada, al menos en apariencia. Caso cerrado. Todo en paz”.
El problema no es la disculpa; es el precedente
Porque mientras la disculpa suena bonita, lo que queda en el aire es un mensaje torpe, preocupante y contradictorio para miles de guanajuatenses:
Si un sacerdote puede amenazar públicamente a la gobernadora sin consecuencias legales…
¿Qué pueden esperar las mujeres que denuncian a su agresor en privado?
Si la mandataria dice que “no vale la pena perder el tiempo” en denunciar…
¿Qué mensaje se manda a las víctimas que sí se arriesgan a hacerlo?
Si todo se reduce a una disculpa pública…
¿Qué lugar queda para la justicia?
Un precedente que pesa más que la disculpa
El caso deja una reflexión obligada:
Guanajuato necesita que quienes ejercen poder —y más aún si son mujeres— muestren con hechos lo que pregonan en discursos.
No basta con condenar la violencia: hay que enfrentarla.
No basta con hablar de empoderamiento femenino: hay que practicarlo incluso cuando se trata de un sacerdote con micrófono dominical.
No basta con celebrar que un agresor se disculpe: hay que dejar claro que las amenazas no son un chiste, ni un error, ni algo que se borra con un “me equivoqué”.
En conclusión
En la novela política guanajuatense de esta semana hubo de todo: amenaza, silencio gubernamental, disculpa religiosa y una moraleja incómoda.
Porque al final, más que un conflicto entre un sacerdote y una gobernadora, este episodio deja un mensaje contundente:
En Guanajuato, la violencia contra las mujeres sigue cargada de símbolos… y lamentablemente, sigue sin consecuencias claras.