Mas de 10 mil mujeres de todas las edades marchan en León exigiendo una vida libre violencia denuncian a sus agresores

08 de marzo de 2025, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres tomaron las calles en todo México para exigir justicia, seguridad y derechos. Sin embargo, como cada año, las verdaderas protagonistas de la jornada no fueron sus voces, sino los muros blindados que el gobierno levantó para “proteger” edificios y monumentos.

Las vallas metálicas, esas que se colocan con más rapidez que las soluciones a la violencia de género, volvieron a ser el símbolo del desprecio institucional. En lugar de atender las demandas de las mujeres que exigen justicia por sus desaparecidas, sus asesinadas y sus violentadas, el Estado invirtió en cercos de acero, estrategias de contención y operativos policiales. Como si las exigencias fueran un enemigo al que hay que frenar, en lugar de una deuda histórica que se debe saldar

8M en Oaxaca, cientos de mujeres marcharon y fueron recibidas por el gobierno con gas lacrimógeno, mientras exigían una vida libre de vinolencia

Pero los muros no son lo único que se interpone entre las mujeres y la justicia. También están las fiscalías, esas instituciones que deberían ser la puerta de entrada a la verdad, pero que en realidad funcionan como un laberinto sin salida. Para una mujer que denuncia violencia, las fiscalías son un trámite eterno, una colección de excusas, una revictimización constante. La ineptitud, la burocracia y la falta de perspectiva de género convierten la justicia en un privilegio inaccesible.

En la Ciudad de México, el Palacio Nacional amaneció amurallado, al igual que la Catedral y otros puntos emblemáticos. En Guadalajara, Monterrey, León y muchas otras ciudades, los gobiernos estatales y municipales hicieron lo propio: bardas de tres metros, soldados y policías con equipo antidisturbios. Todo menos respuestas.

8M En Chilpancingo asi exigen y claman cientos de mujeres una vida libre de violencia

Mientras tanto, las mujeres marcharon. Con pancartas, con gritos, con consignas. Pusieron nombres en las vallas, las convirtieron en memoriales, escribieron historias que los libros de historia no quieren contar. Pero, al final del día, quienes toman las decisiones seguirán en su burbuja, cómodos detrás de sus muros, ignorando que la violencia de género no se detiene con láminas de acero, sino con justicia, políticas públicas efectivas y voluntad real de cambio.

El mensaje es claro: en México, la prioridad sigue siendo proteger las paredes antes que a las mujeres. Y cuando ellas buscan justicia, las fiscalías se encargan de demostrarles que en este país, la impunidad es más fuerte que sus gritos.

Denunciar en México: El laberinto del abandono y la impunidad

Mariana llega a la fiscalía con el cuerpo tembloroso. Ha tardado meses en reunir el valor para denunciar a su expareja, el hombre que la golpeó, la amenazó de muerte y la persigue cada que intenta rehacer su vida. En la ventanilla de atención, una funcionaria la mira con fastidio. “¿Otra vez violencia familiar? Bueno, ¿y qué hizo esta vez?”. Mariana traga saliva. Apenas empieza el calvario.

A unos metros de ahí, María, una madre desesperada, trata de contener el llanto mientras explica a un ministerio público que su hija, Fernanda, de 19 años, desapareció hace dos días. La respuesta es automática: “Espere 72 horas, seguro se fue con el novio”. María insiste, muestra mensajes de su hija, pruebas de que algo está mal. Le dicen que llene unos formatos y que vuelva mañana. Se va con las manos vacías y el estómago revuelto de miedo.

8M En Morelia, Michoacán cientos de mujeres al unísono, claman una vida sin violencia

En otra sala de la fiscalía, una niña de 12 años, Valeria, espera con su madre. Fue víctima de abuso por parte de un familiar. Llamaron a la fiscalía, pero la patrulla nunca llegó. Tuvieron que trasladarse solas, con el agresor libre y sin restricciones. Ahora, Valeria enfrenta un interrogatorio que parece más una sentencia: “¿Segura que no lo provocaste?”, “¿Por qué no gritaste más fuerte?”. Las preguntas duelen más que lo que ya sufrió.

En este país, las mujeres que buscan justicia se encuentran con la misma realidad: indiferencia, revictimización y un sistema que protege más a los agresores que a las víctimas. Porque mientras Mariana no consigue una orden de restricción, su expareja sigue libre y la acecha en cada esquina. Mientras María pega carteles y organiza búsquedas por su cuenta, las autoridades siguen repitiendo que “no hay indicios de delito”. Mientras Valeria revive su pesadilla en cada declaración, su agresor argumenta que “todo fue un malentendido” y, con un buen abogado, en unos meses quedará libre.

Y si un hombre violento también es deudor alimentario, la protección es doble. El sistema le da todas las herramientas para evadir su responsabilidad. No paga, se esconde, tramita amparos. Las autoridades, en lugar de asegurar que cumpla con sus obligaciones, le ofrecen salidas fáciles. Para ellos, la paternidad es opcional; para las madres, la crianza es una sentencia sin derecho a apelación.

Denunciar en México no es acceder a la justicia, es adentrarse en un laberinto diseñado para desgastar, para que te canses y te rindas. Es luchar contra una maquinaria que protege al agresor y culpa a la víctima. Es, en muchos casos, una condena más.

Al final, Mariana, María y Valeria saldrán de la fiscalía con el mismo vacío con el que entraron. Y allá afuera, los agresores, los deudores, los abusadores, seguirán caminando libres, protegidos por el sistema que se supone debía hacer justicia.