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Ciudad de México, 29 de junio 2024.- En los últimos años, México ha enfrentado una alarmante ola de violencia de género, con los feminicidios emergiendo como una de las manifestaciones más estremecedoras de esta problemática. El término “feminicidio” se refiere al asesinato de mujeres por razones de género, y en México, esta realidad ha alcanzado niveles críticos, desatando protestas, indignación y un llamado urgente a la acción.
Las estadísticas son devastadoras. En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio y 2,591 homicidios dolosos. En total fueron 3,439 mujeres víctimas de feminicidios y homicidios dolosos.
En otras palabras, el 25% de los asesinatos de mujeres y niñas en el país fueron investigados como feminicidio. En este contexto, es importante mencionar que existen las sentencias de los casos de Mariana Lima y Karla Pontigo que constituyen dos hitos que marcan las investigaciones de las muertes violentas de las mujeres y las niñas, no sólo porque son innovadoras en el ámbito de la impartición de justicia al determinar la manera en la que deberían ser realizadas las investigaciones sobre muertes violentas por las autoridades de procuración de justicia aplicando los estándares más elevados de derechos humanos y con perspectiva de género, sino porque se refieren a dos de las formas comunes de desvío de las investigaciones policiales y periciales para los casos de suicidios y los homicidios imprudenciales u homicidios dolosos que se presumen como accidentales.
Esta violencia no discrimina. Las víctimas abarcan desde niñas y adolescentes hasta mujeres adultas y ancianas, todas unidas por el hilo común de la violencia de género. Las causas son multifacéticas, pero el machismo arraigado, la desigualdad de género, y la impunidad son factores predominantes que alimentan esta crisis.
La sociedad mexicana no ha permanecido en silencio. Movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos han intensificado sus esfuerzos para visibilizar la crisis y exigir justicia. Marchas multitudinarias, como la del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, han sacudido las calles de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Consignas como “Ni una menos” y “Vivas nos queremos” resuenan con fuerza en estas manifestaciones, reflejando el clamor por un cambio estructural y la erradicación de la violencia de género.
Además de las marchas, se han promovido iniciativas legislativas para reforzar el marco jurídico en torno a los feminicidios. En 2022, se aprobó la reforma al Código Penal Federal que endurece las penas para los perpetradores de feminicidio y agiliza los procesos judiciales. Sin embargo, la implementación y efectividad de estas leyes siguen siendo un desafío significativo.
Uno de los mayores obstáculos en la lucha contra los feminicidios en México es la impunidad. Según un informe de la organización Impunidad Cero, más del 90% de los casos de feminicidio permanecen sin resolución. La falta de capacitación adecuada de las fuerzas de seguridad y el personal judicial, junto con la corrupción, contribuyen a este preocupante índice de impunidad.
Asimismo, la revictimización de las mujeres en los procesos judiciales es una problemática persistente. Muchas veces, las víctimas o sus familias enfrentan obstáculos adicionales al intentar buscar justicia, desde la indiferencia hasta el maltrato por parte de las autoridades.
Para abordar eficazmente la crisis de los feminicidios en México, se requiere una estrategia integral que abarque múltiples frentes. Es crucial mejorar la capacitación de las autoridades en perspectiva de género y derechos humanos, así como garantizar la protección y apoyo a las víctimas y sus familias.
La educación juega un papel fundamental en la erradicación de la violencia de género. Promover la igualdad y el respeto desde edades tempranas puede contribuir a desmantelar las estructuras machistas que perpetúan la violencia. Además, es esencial que los medios de comunicación desempeñen un rol responsable al informar sobre los feminicidios, evitando la revictimización y sensibilizando a la sociedad sobre la gravedad del problema.
Los feminicidios en México representan una crisis de derechos humanos que demanda una respuesta inmediata y eficaz. La sociedad civil ha demostrado su compromiso con la lucha contra la violencia de género, pero es indispensable que las instituciones del Estado asuman su responsabilidad y actúen con contundencia. Solo a través de un esfuerzo coordinado y sostenido será posible erradicar esta forma extrema de violencia y garantizar un futuro en el que todas las mujeres puedan vivir libres y seguras.